El ruido de las botas militares sobre el asfalto sobresaltó a Araceli a las 2:00 de la madrugada. "Era como si toda la calle fuera un cuartel", dice.
Mandó callar a su familia. Esa noche, las fuerzas de seguridad no entraron en su casa en el barrio de El Valle, uno de los más peligrosos de Caracas. Días después, sí. Y el resultado fue la muerte de su hijo, según denuncia.
Situaciones como la que Araceli relata se repiten en los últimos meses en Venezuela. Desde que el gobierno creó en julio del 2015 la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), han aumentado las denuncias por asesinatos y desaparecidos a manos de la policía.
Seis madres y abuelas hablaron con BBC Mundo para contar cómo hijos, sobrinos y nietos, algunos relacionados con la delincuencia pero otros no, murieron por el fuego de los cuerpos de seguridad del Estado.
"A los cuatro niños [dos hijos y dos sobrinos] me los mataron con dos tiros en el pecho", dice Gloria mientras me muestra la foto de uno de sus hijos en la morgue con un orificio en su torso desnudo.
BBC Mundo no obtuvo respuesta a la petición de entrevistar al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, para comentar las acusaciones.
El viernes y sábado pasados se descubrieron los cadáveres de 12 personas cuya desaparición en el estado Miranda fue denunciada hace más de un mes y el gobierno anunció la detención de ocho militares por el caso y la fiscalía acusó a 11.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, dijo que los responsables "admitieron su culpabilidad" y calificó el suceso como un "hecho aislado", pero no lo relacionó con la OLP.
La Operación de Liberación del Pueblo es la propuesta de mano dura del gobierno contra uno de los principales problemas de Venezuela: la violencia.
Caracas, la capital, fue en el 2015 la ciudad con más asesinatos del mundo, según el informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Pero la OLP no se ha limitado al Distrito Capital, sino que también se ha extendido a otros estados del país como Zulia, Carabobo, Miranda o Bolívar.
► Los números
No hay cifras oficiales precisas, pero de julio del 2015 a febrero del 2016 el gobierno dijo que hubo 245 víctimas y 2.310 detenidos. Después dejó de hacer público el conteo.
En octubre de este año, el ministro Reverol informó de que 19 personas habían sido "abatidas" en un operativo en varios estados venezolanos.
A falta de cifras exactas e independientes, las asociaciones venezolanas de derechos humanos llevan las suyas. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) asegura que son más de 400 muertos desde julio del 2015, pero Provea habla de más de 750.
Cofavic, organización dedicada a investigar y denunciar ejecuciones extrajudiciales y la violencia policial, afirma que en el 2015 el número de víctimas por este tipo de violencia aumentó un 37%.
De enero a setiembre del 2016, el repunte es de un 30% comparado con el mismo periodo del año anterior. El incremento coincide en el tiempo con el nacimiento de la OLP, explican.
El gobierno suele achacar las "bajas" a "enfrentamientos". Sin embargo, esa teoría es rebatida por los familiares de las víctimas. Provea, que ha hecho un seguimiento de los caídos, destaca la desproporción que existe entre el número de civiles fallecidos y el de agentes: un muerto y tres heridos, según sus cifras.
Las seis mujeres que hablaron con BBC Mundo lamentaron en conjunto la muerte de diez familiares. A Gloria le mataron en su casa a dos hijos y dos sobrinos el mismo día.
► "Etapa de gran impacto"
"Las autoridades están alentando la comisión de estas violaciones contra los derechos humanos", critica Inti Rodríguez, de Provea. El activista denuncia la "militarización de la actividad policial" y que la crueldad siga creciendo.
El 3 de agosto, el presidente Nicolás Maduro, poco después del nombramiento del comandante Reverol como nuevo ministro, ya dejó ver que la OLP se recrudecería en una nueva fase.
"Vamos a profundizar la lucha contra las bandas paramilitares, contra las bandas de narcotraficantes. La vamos a llevar a la 'n' potencia. Quiero que iniciemos una etapa de gran impacto para golpear a todos los jefes de bandas criminales que atracan, secuestran y matan a nuestro pueblo a lo largo y ancho del país", anunció.
Provea confirma que el carácter letal de las acciones ha aumentado en los últimos meses.
► ¿Cómo opera la OLP?
La OLP, en la que participan fuerzas especiales civiles y militares, nació el 13 de julio del 2015 como un nuevo plan contra el crimen, pero no hay ningún documento oficial y público que detalle su metodología ni sus metas, denuncian las organizaciones de derechos humanos.
Maduro dijo entonces que el objetivo era "apretar al máximo el castigo de todos los crímenes".
Y la OLP ha golpeado especialmente en los barrios más pobres, los más violentos, allí donde la presencia del Estado es escasa y donde los policías son el enemigo de las bandas. Según las cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), 2,6 agentes mueren cada semana sólo en Caracas.
La OLP tiene una metodología de acción bien definida, de acuerdo con los relatos a BBC Mundo de los familiares de las víctimas.
Las operaciones suelen ocurrir de madrugada o a primera hora de la mañana.
"Entran encapuchados, toman la zona como si hubiera una guerra, con helicópteros, drones, una cosa terrible. La gente echa a correr, todo el mundo encerrándose en las casas, y empiezan a tumbar puertas", recuerda Araceli.
Oli, que vive en otro barrio de Caracas, perdió a tres familiares -hijo, sobrino y nieto- el 26 de abril. "Fue a las 9 de mañana. Cierran la calle. Pensé que se los iban a llevar presos. Nunca me imaginé que iba a pasar algo como eso", me cuenta sin poder reprimir sus lágrimas.
Los objetivos de la OLP también están claros: hombres jóvenes. El 78% de las víctimas son menores de 25 años y el 99% son hombres, según los datos de Cofavic. No extraña que los seis familiares con los que hablé fueran mujeres.
"Buscan sobre todo 'chamos', muchachos jóvenes", me dice Gloria, que recuerda cómo la mañana del 18 de mayo 20 policías entraron a su casa y sacaron a las mujeres, a su marido y a su nieto de 9 años.
Dentro quedaron cuatro varones de entre 28 y 19 años. Los cuatro murieron, acusa.
Las madres y abuelas coinciden en que la policía no muestra órdenes de allanamiento y denuncian además robos, tortura y extorsión, así como la fabricación de pruebas para justificar el enfrentamiento.
"Porque cometieran un delito no es para que este gobierno haga este exterminio, esta pena de muerte disimulada", lamenta Oli, una de las mujeres que se han asociado para denunciar los hechos.
Cofavic las apoya en el proceso, pero señala que hay un 99% de impunidad.
► ¿Resultados?
Más allá de las violaciones a los derechos humanos denunciadas, surge la pregunta de si la mano dura está teniendo resultado.
Así opinan los expertos.
"El éxito está medido por el número de personas que matan", critica el sociólogo Roberto Briceño, presidente del OVV.
"Cualquier política de seguridad debe estar destinada a pacificar la sociedad, no a hacerla más violenta. La OLP manda un mensaje muy equivocado. No es posible enseñar a una sociedad que matar es malo matando", agrega.
Coincide Claudia Carrillo, de Cofavic: "El Estado ha asumido que es un plan de seguridad ciudadana, y preocupa".
"Estas visiones de mano dura no reducen la criminalidad. Por el contrario: se aumentan las violaciones de los derechos humanos", lamenta Inti Rodríguez, de Provea.
Las denuncias de ONG, medios de comunicación y víctimas por la crueldad llevaron incluso a que la fiscal general, Luisa Ortega, criticara la labor de la OLP.
"Estamos en presencia de una inseguridad que viene creciendo, y eso tiene que ver con los planes que se han implementado y las OLP. En la medida que la actuación de los cuerpos de seguridad es violenta, propicia la violencia", expresó la fiscal en julio.
Briceño denuncia que los más afectados sean los pobres y que un ejecutivo considerado como socialista emplee "operaciones clásicas de los gobiernos militares de derecha".
► Entre dos fuegos
Y el asunto no sólo se limita a las muchas víctimas directas y a no solucionar el problema que busca erradicar.
Inti Rodríguez destaca que la violencia institucional y la de las bandas ha generado una "doble victimización" de los habitantes de esas comunidades pobres.
Y eso se percibe en la Cota 905, otra barriada populosa y azotada por el crimen de Caracas donde los locales están entre dos fuegos.
"Si están a favor de la OLP, los matan. Y si están a favor de los delincuentes, también mueren", dice una vecina del barrio que confiesa que no quiere revelar su identidad por temor.
La Cota 905 fue el escenario de la primera OLP. Era el territorio que mejor simbolizaba entonces la guerra que mantenían (y ganaban) las bandas frente a la policía. Y el reflejo del fracaso de las llamadas zonas de paz, en las que los delincuentes estaban llamados a entregar sus armas a cambio de una autogestión del barrio y de cierta laxitud policial.
Unos 500 agentes tomaron el barrio en la primera incursión. Ahora, la idea es una ocupación militar de la zona con una presencia constante: tanquetas, puntos de control y unos objetivos específicos con nombre, apellidos, apodo y foto. Más selectivos, pero igualmente violentos.
"Por un lado, está bien que estén guardando la zona, pero por otro lado es una lástima que maten a jóvenes, porque si es delincuente, detenlo, levántale un informe, llévalo, pero no lo mates", me dice la vecina, acostumbrada a vivir entre disparos.
"Han muerto muchos jóvenes que no son delincuentes", lamenta, agradecida de que entre ellos no hayan estado sus hijos.
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