La jueza Diane Bull desestimó el 13 de junio la denuncia presentada por Devon Anderson, Fiscal de Distrito del Condado de Harris, estado de Texas (Estados Unidos), contra David Daleiden, investigador que destapó el escándalo de tráfico de órganos y tejidos humanos de la multinacional del abortoPlanned Parenthood.
Una segunda acusación, por supuestamente manipular registros del gobierno al usar licencias de conducir falsas, se encuentra en proceso en otro juzgado.
En un proceso cargado de irregularidades, la fiscalía estadounidense acusó a Daleiden, en enero de este año, de intentar comprar órganos humanos en el marco de su investigación sobre Planned Parenthood.
A lo largo de más de una decena de videos, difundidos desde mediados de julio de 2015, Daleiden, a la cabeza del Center for Medical Progress (CMP), evidenció que Planned Parenthood lucraba con la venta de órganos y tejidos de los bebés abortados en sus instalaciones.
Las revelaciones del Center for Medical Progress han ocasionado que más de diez estados corten el financiamiento a Planned Parenthood y que el Congreso de Estados Unidos abra diversas investigaciones contra la multinacional.
Un proyecto de ley que buscaba cortar los más de 500 millones de dólares en fondos públicos que recibe anualmente Planned Parenthood fue aprobada por diputados y senadores a inicios de este año, perovetada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
La fiscal Anderson decidió abrir un proceso contra Daleiden, por supuestamente intentar comprar órganos de bebés abortados, pero desistió de investigar a la multinacional del aborto.
Durante el proceso, el abogado de Planned Parenthood Gulf Coast, Josh Schaffer, admitió bajo juramento que la fiscalía compartió información confidencial con su despacho, en una revelación que la defensa de Daleiden calificó de “indignante e ilegal”.
En Texas, la ley prohíbe “la compra y venta de órganos humanos” a cambio de una “consideración de valor”. Entre las excepciones al delito, la norma considera el “reembolso de los gastos médicos o legales en que se incurrió para beneficio del destinatario final del órgano”.
Es labor del acusador –en este caso la Fiscalía del Distrito del Condado de Harris– demostrar “más allá de la duda razonable” que las excepciones a la ley no aplican. Para la jueza Diane Bull, la fiscalía no logró probar claramente su acusación, por lo que su denuncia es “nula” y “defectuosa”.
Para el Center for Medical Progress, la decisión de la jueza estadounidense “es la más reciente confirmación que las acusaciones” contra Daleiden “eran desde el principio una farsa por razones políticas”.
El fallo a favor del investigador, explicó el CMP, “envía un fuerte mensaje a Planned Parenthood y a sus compinches políticos de que nunca funcionará coludirse para suprimir el derecho de la Primera Enmienda de los periodistas ciudadanos”.
“El Center for Medical Progress cumple con todas las leyes aplicables en el curso de su trabajo de periodismo de investigación y, mientras más detalles sobre los contratos de Planned Parenthood para partes de bebés abortados salen a la luz, es claro que Planned Parenthood y sus socios, como StemExpress, son quienes son culpables de traficar órganos humanos”, explicó la organización.
Por su parte, el abogado de Daleiden, Peter Breen, de la Thomas More Society, explicó que “el objetivo ilegítimo de Planned Parenthood es claro: espera llevar la atención lejos del tráfico de órganos de bebés de la industria el aborto, atacando al hombre que expuso estas prácticas ilegales”.
“La Fiscal Distrital del Condado de Harris debería rechazar ese objetivo y procesar a Planned Parenthood, no a David Daleiden y sus investigadores”, señaló.
aciprensa
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