Pese a que Franklin Nieves Capace era uno de los fiscales con más trayectoria en Venezuela y a que se había especializado en investigar delitos comunes y perseguir a policías sospechosos de violar los derechos humanos, su nombre en verdad saltó a la palestra cuando en la madrugada del 13 de febrero del 2014 se supo que había solicitado la detención del dirigente opositor Leopoldo López por su presunta vinculación con los disturbios que horas antes se habían registrado en Caracas tras una marcha, en la que tres personas fueron asesinadas.
A lo largo de año y medio encabezó el equipo que buscaba condenar al político, lo cual terminó consiguiendo en la noche del 10 de setiembre del 2015. Sin embargo, semanas después de alcanzar su objetivo huyó de Venezuela y solicitó asilo en Estados Unidos, desde donde aseguró que todo el proceso fue orquestado para encarcelar a López. Ahora cuando la Corte de Apelaciones de Caracas se encuentra revisando el caso, Nieves, en conversación telefónica desde Miami, pide al tribunal que absuelva a Leopoldo López porque “no hay pruebas contra él”. Y les dice: “Yo, el fiscal, les estoy diciendo que todo eso estuvo montado”.
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Usted ha dicho que el juicio contra Leopoldo López fue una farsa ordenada desde el gobierno y que se sustentó en pruebas falsas. ¿Cuáles fueron esas pruebas falsas?
Todas. A mí en la noche del 12 de febrero [el vice fiscal general] Joel Espinoza me ordena ir al Sebin [Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, policía política], porque querían emitir unas órdenes de aprehensión y necesitaban ayuda. Al llegar, el general Manuel Bernal, entonces director del organismo, me dice que las órdenes son contra Leopoldo López, dos opositores y un militar retirado, pero cuando le pido las actuaciones para sustentarlas no tenía nada. Y entonces un funcionario comienza a redactar una historia de lo que supuestamente pasó.
En ese momento, el general Bernal me confiesa que uno de sus funcionarios mató a Bassil da Costa [uno de los tres muertos en la jornada] y que eso se lo querían imputar a Leopoldo López. Por eso en la orden de captura contra López aparece el delito de homicidio. Yo me asombro y llamo a Espinoza y le cuento, pero él en lugar de apoyarme me dice que ayude al Sebin.
Al día siguiente, Nelson Mejías, entonces director de Delitos Comunes, me llama y me dice que había asumido la batuta del caso y que eso era un reto para él. En esa reunión también estuvieron los fiscales Narda Sanabria y Juan Canelón, Ego Verdesí [director de seguridad de la fiscalía] y otros funcionarios. Ellos estaban viendo unos videos de lo ocurrido el día anterior y en esas grabaciones se ve cómo la marcha se desarrolló con normalidad y que la gente que se congregó ante la fiscalía estaba tranquila, pero hay un momento en el que alguien desde dentro de la fiscalía comienza a arrojar bombas lacrimógenas hacia los manifestantes y ese fue el detonante para que los manifestantes comenzaran a arrojar piedras. Ese video Nelson Mejías lo manda editar, porque eso no debía salir. Por eso yo hablo de pruebas falsas.
¿Qué otras pruebas son falsas?
En el mismo 12 de febrero, funcionarios de la fiscalía inspeccionaron la sede y los alrededores, y determinaron que en la fiscalía no hubo incendio y eso está demostrado con las fotografías hechas por los expertos y, además, porque ningún extintor fue utilizado; pero Nelson Mejías les ordenó a los funcionarios decir lo contrario en el juicio, aun cuando contradijeran sus propios informes. Mejías llamaba a los funcionarios que declararon como testigos y a los expertos para instruirlos sobre qué decir, cuándo decirlo y para que no respondieran las preguntas de la defensa que objetáramos.
La defensa de Leopoldo López denunció que a él no se le sometió a un juicio sino a un paredón de fusilamiento porque no se le permitió presentar pruebas para demostrar su inocencia. ¿Quién ordenó esto?
Nelson Mejías.
¿Usted le explicó lo que esto implicaba?
Claro, yo le dije que nos podían meter un control judicial y él me dijo: “Eso está controlado desde arriba [Tribunal Supremo de Justicia y Fiscalía]. Yo me encargo de eso”. Y por eso fue que de las decenas de testigos y pruebas que promovió la defensa solo se le permitieron dos.
¿La fiscal general estaba al tanto?
Nelson Mejías me decía que la doctora [Luisa Ortega Díaz] sabía todo lo que se estaba haciendo y que sabía de todo el montaje que se estaba realizando.
¿Por qué siguió al frente del juicio? ¿Por qué no renunció?
¿Qué efecto hubiera surtido el que me hubiera retirado? Yo creo que estaría preso o muerto por lo que sé, porque a mí el jefe del Sebin me confesó que uno de sus funcionarios mató a Bassil da Costa. ¿Qué le sucedió a Robert Redman [joven que auxilió a Da Costa nada más recibir el disparo mortal]? Lo mataron ese mismo día. Lo mataron para no dejar testigos.
¿Esa muerte fue ejecutada por los servicios de inteligencia?
No sé, no tengo elementos, pero lo cierto es que lo mataron para no dejar testigos.
De ser cierto lo que dice, ¿entonces queda claro que el Poder Judicial está controlado por el gobierno?
En Venezuela no hay justicia y para muestra un botón: A ninguna de las personas que yo he señalado de montar este juicio se le ha iniciado investigación alguna, más bien me iniciaron una investigación a mí, me allanaron mi casa e hicieron desastres en mi oficina; y me prohibieron enajenar y gravar bienes […]. Este caso no lo protagonizamos solo Leopoldo López y yo, hay por lo menos 100 personas involucradas. Yo no he evadido mi responsabilidad.
Diosdado Cabello dice que usted hace estos señalamientos porque lo compraron.
Si fuera así, no estaría trabajando a destajo en la construcción y en lo que salga.
¿Por qué fue todo esto?
Para sacar a Leopoldo López del juego político, pero no solo a él sino a otros líderes opositores, porque a mí me pidieron también que solicitara prohibición de salida de Venezuela contra María Corina Machado, aunque después ese caso me lo quitaron.
--- El Juicio ---
Sentencia y apelación: El 10 setiembre del 2015, Leopoldo López fue condenado a 13 años, nueve meses, 7 días y 12 horas de prisión por los delitos de incendio de edificio público, daños a la propiedad pública, instigación para delinquir y asociación para la delincuencia organizada. Actualmente su caso está en la fase de apelación y la decisión se conocería esta semana.
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