El partido opositor Voluntad Popular, del dirigente encarcelado Leopoldo López, inició el sábado la renovación de sus listas de adherentes, un trámite solicitado por las autoridades electorales a decenas de organizaciones partidistas, en su mayoría opositoras, que se tradujo en la suspensión temporal del proceso para la convocatoria de los comicios a gobernadores y alcaldes en Venezuela.
La medida es contraria a la demanda de los adversarios del presidente Nicolás Maduro que ven en la pronta celebración de las elecciones regionales y nacionales una posible ruta para ayudar a resolver la profunda crisis política en el país.
"Que nadie se equivoque: este proceso de validación es una maniobra antidemocrática, arbitraria; sin embargo, participamos porque estamos convencidos de que podemos vencer este nuevo obstáculo de la dictadura", dijo a la prensa el diputado Juan Andrés Mejía, coordinador político del partido de Leopoldo López, en alusión al gobierno de Maduro.
"Maduro no quiere que haya elecciones porque las va a perder. La validación no es excusa para que se retrase la fijación del calendario electoral", agregó
El Consejo Nacional Electoral (CNE), a mediados de febrero, suspendió el proceso para la convocatoria de los comicios regionales, que previamente fueron postergados a finales del año pasado, hasta que los partidos actualicen sus nóminas.
El CNE, en tanto, convocó a 62 partidos políticos para que en un plazo de 14 horas divididas en dos jornadas de 7 horas durante un fin de semana, de acuerdo al cronograma, cada una de esas organizaciones revalide sus listas de militantes a través de un proceso de registro de firmas y huellas dactilares.
Tres organizaciones, entre ellas el Partido Comunista, declinaron participar en la revalidación, que comenzó el 3 y 4 de marzo y que se prolongará durante otros ocho fines de semana.
"Los venezolanos saben que nos quieren ilegalizar y no le vamos a dar al régimen ni al CNE el pretexto para que nos arrebaten el partido", dijo el diputado Luis Florido, citado en un comunicado.
Voluntad Popular —partido que dirige Leopoldo López, que fue condenado a casi 14 años de cárcel por promover una protesta en 2014 que dejó tres muertos y decenas de heridos— ha acusado al gobierno de arremeter repetidamente contra esa organización política, que según sus cifras, cuenta con más de 260 dirigentes y simpatizantes "detenidos, enjuiciados, perseguidos".
Tania D'amelio, una de las directoras del CNE, recordó el sábado a través de Twitter que los partidos deben recolectar el 0,5% del registro electoral en por lo menos 12 entidades federales.
Cuatro de los actuales miembros del CNE —entre ellos D'amelio— son ampliamente considerados como simpatizantes del oficialismo, según los críticos. Sólo uno de los directivos ha tomado posiciones más críticas durante su gestión.
Florido denunció el sábado que varias de las 12 máquinas "captahuellas" dispuestas en el estado occidental de Lara, de unos dos millones de habitantes, presentaron fallas y provocaron demoras en el registro de 0,5% militantes, por lo que exigieron a las autoridades electorales ampliar la cantidad de dispositivos lectores de huellas digitales, un pedido que afirman fue ignorado.
"Tenemos grandes colas en todo el estado Lara y otros estados, es urgente habilitar más máquinas. Nosotros pedimos que se nos dé el mismo trato que la semana pasada se le dio a los demás", acotó Florido, destacando que los seis partidos que revalidaron sus nóminas en ese estado occidental el fin de semana pasado "contaron con 25 máquinas".
La dirigencia de Voluntad Popular también se quejó que son insuficientes los 491 puntos de recolección dispuestos para el proceso en los 335 municipios del país, particularmente en localidades densamente pobladas como la capital venezolana y el vecino estado Miranda, donde se requieren al menos 10.213 firmas válidas.
Fuente: AP
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